Los alcaldes salientes del área metropolitana de Monterrey entregarán administraciones con altos niveles de endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo, lo que comprometerá el presupuesto de los próximos gobiernos. El 30 de septiembre, los actuales jefes municipales heredarán a sus sucesores fuertes deudas que marcarán el inicio de las nuevas gestiones.
Entre los municipios más afectados por el endeudamiento destaca Juárez, cuyo alcalde priista, Francisco Treviño, dejará una deuda de 870 millones de pesos, lo que representa el 53.7% del presupuesto anual de mil 618 millones de pesos. Este es el caso más crítico en la región.
Le sigue el panista Daniel Carrillo, en San Nicolás, quien pese a su reelección, enfrentará una deuda de 835 millones de pesos, equivalente al 35.4% del presupuesto de dos mil 359 millones de pesos.
En Guadalupe, la priista Cristina Díaz cerrará su gestión con una deuda de 955 millones de pesos, lo que equivale al 33.4% del presupuesto de 2 mil 852 millones de pesos. Por su parte, César Garza, en Apodaca, heredará a su hijo, su sucesor, una deuda de 938 millones de pesos, que representa el 31.9% del presupuesto de dos mil 938 millones de pesos.
Jesús Nava, reelecto en Santa Catarina, también dejará compromisos financieros importantes, con una deuda de 581 millones de pesos, lo que equivale al 30.7% de su presupuesto de mil 890 millones de pesos. En Monterrey, Luis Donaldo Colosio cerrará su administración con una deuda de 2 mil 058 millones de pesos, el 23.9% del presupuesto proyectado para 2024.
El municipio de García, bajo la gestión de Carlos Guevara, se encuentra en mejor situación comparativa, con una deuda de 302 millones de pesos, equivalente al 19.2% de su presupuesto de mil 568 millones de pesos.
El único municipio que no enfrenta problemas de deuda es San Pedro, donde el alcalde Miguel Treviño asegura que dejará a su sucesor, Mauricio Fernández, una administración con tres mil millones de pesos en caja y sin deuda.
Este panorama plantea grandes retos financieros para los nuevos alcaldes y aquellos reelectos, quienes deberán gestionar estas deudas mientras buscan cumplir sus promesas de campaña y proyectos a futuro.
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