Monterrey.- La activista Elida Sandate Tovar, integrante del colectivo Ciudadanos Desconocidos y reconocida manifestante contra el aumento a las tarifas del transporte público, denunció agresiones físicas y abuso de autoridad por parte de funcionarios estatales de Movilidad. La denuncia fue interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señalando directamente a Abraham Vargas y Hernán Villarreal como responsables.
“Interpuse una queja y una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde hago responsable de cualquier cosa que me llegase a suceder a Hernán Villarreal y al señor Abraham Vargas Molina, además de que están violentando mi derecho a la movilidad”, declaró Sandate.
El enfrentamiento tuvo lugar el pasado viernes, tras la aprobación del incremento a las tarifas del transporte público por la Junta del Gobierno Local, en una reunión realizada en el Parque Niños Héroes. Según la activista, lo que inició como una manifestación pacífica terminó en un zafarrancho, con presuntas agresiones por parte del personal de Movilidad.
“Me trataron de someter personal de movilidad, puesto que ellos no debieron de haber hecho eso cuando era algo pacífico y lo único que estaba pidiendo era que el señor Vargas y Villarreal se bajaran para atender y se diera ese diálogo con los usuarios”, explicó Sandate.
La situación escaló cuando, al finalizar la reunión, Sandate intentó interceptar a Vargas Molina, titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) y de la Dirección de Metrorrey, mientras salía en su camioneta en movimiento.
El colectivo Ciudadanos Desconocidos, al que pertenece Sandate, ha sido uno de los grupos más activos en oposición al llamado “tarifazo” del transporte público, denunciando afectaciones económicas y sociales para los usuarios del sistema.
La activista reiteró que su lucha es por el derecho a una movilidad justa y que continuará buscando diálogo y acciones legales para garantizar el respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, ni Vargas ni Villarreal han emitido declaraciones públicas al respecto.
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