Monterrey, N.L.— Fondos públicos destinados a la seguridad de Nuevo León, para comprar chalecos antibalas, radios portátiles y uniformes para internos de centros penitenciarios, habrían terminado en un despacho jurídico vinculado con el gobernador Samuel García y su familia, según una investigación de Grupo Reforma publicada este domingo. De acuerdo con el reporte, la empresa TXAT Latam recibió contratos estatales por al menos 440 millones de pesos para suministrar ese equipo y posteriormente habría canalizado 60.4 millones de pesos hacia Firma Jurídica y Fiscal, mediante empresas intermediarias y una consultora legal. Los movimientos forman parte de los presuntos esquemas de triangulación señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que el viernes entregó su revisión de la Cuenta Pública 2025 a la Cámara de Diputados. Hasta ahora no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales por estas operaciones. Con información de Grupo Reforma.