Funcionario de la Secretaría de Trabajo Obtiene Libertad Tras Acusación de Abuso de Autoridad

Monterrey.- El Director de Inspección del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Blas Humberto Escamilla González, quedó en libertad este miércoles luego de recibir una suspensión provisional contra la prisión preventiva que le había sido impuesta el pasado 20 de diciembre. Escamilla González enfrenta acusaciones de abuso de autoridad y hostigamiento, presentadas por las diputadas Perla Villarreal (PRD) y Lorena de la Garza (PRI).

Decisión judicial

De acuerdo con su abogado, Héctor Mateos Urbina, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de Nuevo León determinó que la prisión preventiva se había aplicado de forma “arbitraria, ilegal y desproporcionada”. En consecuencia, Escamilla González podrá continuar su proceso en libertad, abandonando el penal de Apodaca hoy mismo, probablemente a las 17:00 horas.

El abogado señaló que ni el Ministerio Público ni el juez de Control ofrecieron pruebas contundentes que justificaran la medida de prisión preventiva justificada, recurriendo únicamente a “apreciaciones subjetivas” en violación del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Acusaciones y contexto

Escamilla González fue detenido el pasado 19 de diciembre e ingresado al penal al día siguiente. Las diputadas Perla Villarreal y Lorena de la Garza lo acusaron de haber impuesto clausuras a negocios de su propiedad y de familiares en 2023, en el marco de un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Según las legisladoras, estas acciones fueron una forma de hostigamiento y abuso de autoridad.

El encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción, Javier Garza y Garza, indicó que la detención se derivó de una investigación que comenzó en junio de 2023. La Fiscalía General de Justicia del Estado remitió la carpeta correspondiente, y se obtuvo una orden de aprehensión tras la solicitud a un juez de Control.

Proceso en libertad

Aunque Escamilla González ya no estará sujeto a prisión preventiva, continuará enfrentando el proceso penal. Su abogado aseguró que se demostrarán las irregularidades en las acusaciones y que su cliente fue objeto de medidas desproporcionadas.

Con este fallo, el caso abre nuevamente el debate sobre la correcta aplicación de la prisión preventiva en el sistema de justicia mexicano, así como los límites entre los conflictos políticos y la legalidad.