Nuevo León se Une al Paro Nacional del Poder Judicial de la Federación

Monterrey, N.L.- Este miércoles, Nuevo León se sumó al paro nacional de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en protesta contra el denominado “Plan C”, que busca implementar diversas reformas en el sistema judicial del país. La manifestación tuvo lugar en la Plaza Zaragoza, ubicada en el centro de Monterrey, donde decenas de trabajadores, jueces y magistrados federales se congregaron portando camisetas negras con la leyenda “Ignorarnos no es diálogo”.

El paro, que comenzó el pasado lunes en 29 estados de la República, fue ratificado este miércoles con la suspensión indefinida de actividades en Nuevo León, según un documento distribuido por los manifestantes. Este anuncio, fechado el 21 de agosto, establece la suspensión de labores como un último esfuerzo para frenar la reforma, que será discutida la próxima semana en la Cámara de Diputados.

“En consecuencia, por acuerdo de las Juezas y Jueces de Distrito adscritos a los Tribunales Laborales Federales de asuntos individuales en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, se suspenden labores de manera indefinida a partir de esta fecha, por lo que no correrán los plazos y términos durante dicha suspensión”, señala el documento, firmado por Juan Luis Morales Castro, coordinador de las Juezas y Jueces de Distrito de Nuevo León. Aclararon que, durante el paro, solo se atenderán casos urgentes y se respetarán las guardias establecidas previamente en el calendario emitido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Este paro fue aprobado a nivel nacional tras una votación virtual realizada el lunes, en la cual participaron mil 403 juzgadores. De estos, mil 202 votaron a favor de la suspensión de actividades jurisdiccionales, mientras que 201 se pronunciaron en contra.

La reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Morena, contempla la eliminación de fondos y fideicomisos que financian prestaciones para trabajadores y juzgadores, además de establecer un sistema de elecciones populares para acceder a los cargos más altos, lo que significaría un cambio radical en la carrera judicial que miles de personas han construido a lo largo de su vida.